viernes, 3 de abril de 2009

LA CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO Y LAS MIGRACIONES LATINOAMERICANO-CARIBEÑAS.

LA CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO
Y LAS MIGRACIONES LATINOAMERICANO-CARIBEÑAS.
Crisis internacional y migraciones en América Latina y el Caribe
Actualmente y frente a la profunda crisis sistémica del capitalismo mundial, la situación de las y los trabajadores migrantes se ha vuelto más vulnerable en todo el orbe. Esta crisis, que es más grave que la de 1929 por lo que podría derivar en depresión según los más pesimistas, muestra ya aspectos de recesión en países desarrollados (en Estados Unidos desde 2007); lo cual afectará a millones de trabajadoras y trabajadores, en especial a las y los inmigrantes latinoamericanas-os, principalmente a los que se encuentran en situación
irregular en diversas partes del mundo. La desaceleración del crecimiento en América Latina prevista por el Banco Mundial para el año 2009, afectará también las migraciones internas en esta región del continente. Según un informe del 2008 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), actualmente hay más de 200 millones de migrantes internacionales en el mundo, de los cuales 25 millones son
latinoamericanas-os. Una gran cantidad de ellos emigró al norte, principalmente hacia Estados Unidos, donde actualmente existen doce millones de inmigrantes de origen mexicano, la mitad de los cuales entraron a ese país (donde residen en situación irregular) en una década y media desde que entró en vigor el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte; también hay 5 millones más de latinoamericanas-os (centroamericanasos y suramericanas-os) y del Caribe. Otra parte importante de estos latinoamericanas-os se ha ido hacia Europa. Se calcula que a mediados de 2007 residían aproximadamente 3 millones de éstos en el espacio de la
Unión Europea, un número importante de los cuales llegó en los últimos 5 años. España es el país que ha recibido más latinoamericanas y latinoamericanos, donde se calcula que hay más de un millón de ecuatorianasos, así como miles de colombianas-os, argentinas-os y bolivianas-os. Las migraciones intrarregionales en América Latina y el Caribe Y aún otro porcentaje importante de varios millones de personas ha emigrado dentro de América Latina desde hace más de una década, para ocupar en parte los puestos de trabajo de las y los que se fueron
a los países del norte. Y a medida en que se han ido estableciendo mecanismos más rigurosos de control y regulación de los flujos migratorios hacia aquéllos países, mayor ha sido el número de inmigrantes que se mueven intrarregionalmente. Al mismo tiempo que millones de mexicanos han conseguido trasladarse a Estados Unidos, decenas de miles de centroamericanas y centroamericanos (principalmente guatemaltecas-os y hondureñas-os) se han ido a México, muchos de los cuales son empleados como fuerza laboral en sectores agrícolas, de servicios
y aún manufactureros en estados del sur de este país. El 5.6% de las y los ciudadanos extranjeros que vive en México es de Guatemala. Colombia tiene 4 millones de nacionales en el exterior y otros 4 millones de desplazadas-os y migrantes forzados en el interior, resultado no sólo de la situación de violencia y violaciones
de los derechos humanos, sino también en respuesta a las malas condiciones económicas en sus lugares de origen. Venezuela se ha convertido en el tercer receptor de colombianos después de España y Estados Unidos en la década más reciente, y algunas y algunos miles han escogido a México como país de reciente inmigración; a donde han llegado también otro tanto de venezolanos. En América Central, Costa Rica tiene 700 mil inmigrantes, el 70 % de los cuales son nicaragüenses, quienes trabajan más frecuentemente como peones agrícolas o en el servicio doméstico, así como en servicios de seguridad privada. El Salvador, que tiene 2 millones 500 mil nacionales fuera del país, principalmente en
Estados Unidos, recientemente se ha vuelto también receptor de 20 a 30 mil nicaragüenses y hondureñas-os que laboran en la zafra, en la construcción y en la economía informal. Por su parte, Argentina es, según datos oficiales, hogar de 350 mil paraguayas-os (para quienes este país es su objetivo para emigrar, y no tanto España o Estados Unidos), 250 mil bolivianas-os, 200 mil chilenasos
y más de 100 mil peruanas-os, sin considerar a casi medio millón de trabajadoras y trabajadores bolivianos sin papeles especialmente en los sectores textil y agropecuario; y a otros 500 mil paraguayos en situación irregular, prácticamente todos en Buenos Aires y zonas conurbadas. Brasil tiene más de 4 millones emigrantes,
de los cuales 1,5 millones están en los Estados Unidos. Crisis, migraciones y desempleo A partir de la crisis económica, pero principalmente de la caída del sistema financiero mundial, las tasas de desempleo en los países desarrollados (pero también de los países subdesarrollados) han alcanzado niveles muy altos, afectando a miles de inmigrantes latinoamericanos. En noviembre de 2008 Estados Unidos
alcanzó el máximo desempleo en 14 años por lo que el presidente electo, Barak Obama, anunció que había ordenado a sus asesores económicos estudiar un plan de recuperación económica que genere 2 millones 500
mil nuevos puestos de trabajo durante los próximos dos años (2009-2010), muchos de los cuales beneficiaríán, en caso de cumplirse, por supuesto a las y los trabajadores inmigrantes. Por su parte, la crisis ha situado a España, el mayor receptor de inmigrantes latinoamericanas-os, con el peor índice de desempleo en 12 años, al tener cerca de 3 millones de personas sin empleo en noviembre,
y el gobierno augura que la situación empeorará en 2009.
Este desempleo masivo ha dado paso a un debate sobre el retorno de millones de inmigrantes latinoamericanas-os a sus países de origen, desde Estados Unidos y la Unión Europea. Por ejemplo, de acuerdo
a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentado en México el 27 de octubre, por falta de trabajo en Estados Unidos regresarán a México unos 3 millones de migrantes.
Algunos expertos plantean que aún no hay evidencia empírica sólida sobre el retorno inminente de miles de migrantes a causa de la crisis económica que enfrentan los países desarrollados, donde la caída de la producción industrial y el consumo minoritario junto con el incremento del desempleo, sin duda causará
impacto en la vida de las y los migrantes y sus familias, que tendrán que hacer uso de sus recursos y estrategias sociales y económicas para permanecer en esos países pues saben que en sus propios países estarían peor,
porque ahí también está creciendo el desempleo; pero estos inmigrantes también permanecerán donde están porque no sólo tienen mayor flexibilidad laboral, sino que también han desarrollado últimamente y de manera considerable el autoempleo. Y cuando se agoten estas opciones, el retorno podría ser una decisión
extrema que tomarán estos migrantes. Pero también menciona que muchas y muchos migrantes potenciales van a posponer o suspender definitivamente su viaje a otro país. De hecho un estudio del Pew Hispanic Center del 2 de octubre de 2008 muestra que los influjos de estos inmigrantes alcanzaron en Estados Unidos
un promedio de 800 mil por año entre 2000 y 2004, pero se redujeron a 500 mil anuales entre 2005 y 2008, con cada año menos que el año anterior.
Sin embargo, otros expertos aseguran inclusive que se incrementará el flujo migratorio porque, con todo y crisis, los países desarrollados, continúan ofreciendo mejores condiciones de vida para estas y estos migrantes que sus propias naciones. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su informe
del 2 de diciembre de 2008, augura que la migración irregular aumentará con la crisis económica, por lo que recomienda a los gobiernos de los países ricos que apliquen una verdadera política de gestión de estos flujos
crecientes, una política eficaz que permita equilibrar las llegadas de viajeros con la demanda del mercado laboral, y combatir la xenofobia.
La represión y control de los flujos migratorios contribuyen a la conformación de un mercado laboral global y precarizado Y aquí aparece uno de los verdaderos objetivos de los países ricos y poderosos: la gestión de los flujos
migratorios para adecuarlos al mercado laboral mundial y utilizarlos de manera que ayuden a sacar a esos países de la crisis. El factor esencial que mueve el llamado proceso de globalización es la expansión del mercado, lo que lleva a una profundización de la mercantilización a través de tres procesos interrelacionados: la
transnacionalización de la producción, la globalización de los mercados financieros, y el surgimiento tendencial de un mercado laboral global. Y esta tendencia surge, principalmente, por la ofensiva neoliberal de desregulación, liberalización y flexibilización. Mientras que fomenta la especialización en trabajos
sobrecalificados, profundiza la desigualdad socavando el poder negociador de las y los trabajadores organizados y ayudando a depreciar las demandas salariales, simultáneamente crea y/o refuerza la demanda de diversas formas de trabajadoras-es descalificadas-os o semicalificadas-os, empleadas-os bajo crecientes condiciones
de precariedad. La inmigración indocumentada es bastante funcional desde esta perspectiva. Pero en este proceso de conformación del mercado laboral en la globalización, no existe una libre elección por parte de las personas que se ven obligadas a migrar. Y en la historia misma del capitalismo tampoco ha existido tal elección. La historia del mercado mundial de fuerza laboral, no es por supuesto la
historia del trabajo asalariado libre; con frecuencia, el trabajador involucrado no era ni “libre”, ni le era pagado un salario. Pero con la conformación tendencial de un mercado laboral global y la creciente movilidad laboral que ello implica, se ha vuelto imperativo un régimen efectivo de regulación para la migración internacional.
Los gobiernos de los países ricos han venido intentando establecer diversos mecanismos en la tendencia a la regionalización del control de la migración, por vías de consenso, pero también por vías coercitivas. Y es que, debido a que la migración laboral internacional es sólo una manera en la cual el capital global puede acceder al mercado laboral global emergente, el régimen global emergente para el trabajo implica el disciplinamiento del trabajo y la liberación selectiva de la movilidad del trabajo. En este disciplinamiento se des-ciudadaniza
a los y las migrantes, quitándoles de esa manera sus derechos y puedan así rendir al máximo.No se trata entonces de impedir las migraciones de trabajadores descalificados, sino de desarrollar los mecanismos para que la mano de obra que llegue a los países desarrollados se emplee en condiciones precarias
y regrese a sus países de origen, sin generar gastos adicionales para los países receptores. Podemos ver ahora en los mecanismos de mayor control que criminalizan y vulneran a las y los trabajadores inmigrantes, principalmente en situación irregular, una fase de transición en la búsqueda de esos países por imponer un mecanismo de consenso entre el capital y el trabajo, es decir, que las y los trabajadores migrantes acepten las mismas condiciones laborales de explotación y sin derechos, pero bajo un régimen legal de entrada cuando se les requiera y de salida al término de su contrato o cuando ya no se les necesite. Así vemos en esta fase de transición que a partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad
de América del Norte (ASPAN) por parte de los presidentes de Estados Unidos y México, así como del Primer Ministro canadiense en marzo de 2005, se impulsaron mecanismos de mayor control fronterizo y de los flujos migratorios tanto en la frontera entre Canadá-Estados Unidos, como en la de Estados Unidos y México,
y en la de este último país con Guatemala. En ese mismo año se iniciaron los operativos denominados de “Cero Tolerancia” (Streamline Operative), a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Estas operaciones tienen como objetivo someter a las y los migrantes indocumentados a un juzgado federal para
ser procesados por el “delito federal” de “ingresar ilegalmente” a ese país. Multas de 50 a 250 dólares y penas de hasta 6 meses en cárceles lejanas cuando se trate de la primera vez y mayores en reincidentes. No hay oportunidad alguna de obtener libertad condicional o de ser solamente deportado, como anteriormente se hacía. En los últimos tres años, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado las deportaciones de inmigrantes mexicanas-os y latinoamericanas-os (principalmente de América Central) a partir de la realización de redadas llevadas a cabo en fábricas, supermercados, parques públicos y aún en casas particulares y conjuntos habitacionales en el interior del territorio estadounidense, además de las detenciones que se realizan en la frontera. Tan sólo en 2006 se deportaron un millón 89 mil 136, la mayoría de ellas y ellos mexicanos. Por otro lado, después de varios intentos por establecer un mecanismo mayor para regular los flujos migratorios hacia la Unión Europea, el 18 de junio de 2008 fue aprobada por el Parlamento Europeo la llamada Directiva de Retorno mediante la cual se busca criminalizar aún más a ocho millones de inmigrantes en situación irregular al pretender darle más poder a los Estados miembros para repatriar a las y los “sin papeles”, después de que éstas y éstos podrían estar detenidos por un período de entre 6 y hasta 18 meses. Entre los
aspectos más polémicos están la posibilidad de detención de las y los menores no acompañados y la prohibición durante cinco años a los expulsados para volver a entrar en la UE. Basado en esta Directiva de Retorno, el Parlamento español aprobó el 2 de octubre de este año un plan de retorno voluntario para inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo. Esta medida abre la posibilidad de que las y los extranjeros con residencia legal en España cobren el subsidio de desempleo que les corresponda, de acuerdo con los años trabajados, a cambio de volver a sus países de origen y de comprometerse a no regresar a España en tres años, después de
los cuales podrán volver a solicitar la entrada al país, sin garantía de que el gobierno la autorice. Quienes decidan acogerse a la medida, que entró en vigor en noviembre, cobrarán 40% del total del subsidio en España y el restante 60% al mes siguiente de haber regresado a su país de origen. Lo cierto es que los gobiernos de Estados Unidos y de varias naciones de la Unión Europea, en particular
España e Italia, están aprovechando la crisis económica y el desempleo que ésta produce para endurecer sus políticas de inmigración con el fin de establecer mecanismos de mayor control y regulación de los flujos migratorios, para adecuarlos a un mercado laboral flexible, donde las y los migrantes entren a laborar a los
países que requieren de esta mano de obra y salgan cuando no se les requiere. El Ministro del Trabajo e Inmigración de España, Celestino Corbacho, afirmó en el Congreso que el plan de repatriación voluntaria aprobado se trata de una medida coherente con el ordenamiento jurídico, que no es improvisada y que pretende dotar al mercado laboral de un instrumento para la gestión de los flujos migratorios.
El principal mecanismo que ya está siendo instrumentado para este control y regulación de los flujos es el de la contratación de origen de los trabajadores migrantes, por medio de Programas de Trabajadores Temporales. En América del Norte, Canadá tiene Programas de Trabajadores Agrícolas Temporales desde
hace más de 30 años con países del Caribe de habla inglesa; con México desde 1974 (mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento que no tiene ningún respaldo jurídico), y muy recientemente con Guatemala.
A mediados de esta década México y Canadá acordaron ampliar este programa a otros sectores. México también comenzó a negociar un Programa similar con España, el cual comenzaría a funcionar a partir de este año, pero con la crisis se retrasó su puesta en marcha. España tiene ya otro Programa de Trabajadores
Temporales para contratar a mujeres rumaníes, polacas y marroquíes (y cada vez más a éstas) para laborar en la cosecha de la fresa en Sevilla. Algunos otros países están negociando o tienen ya PTTs con España en agricultura y servicios (Brasil, por ejemplo). Y en Estados Unidos se han venido expandiendo desde hace una década programas específicos de trabajadores-as temporales (los llamados H2A y H2B), que se establecieron de manera unilateral a mediados de los 1980s, cuando el presidente Ronald Reagan firmó el Acta de Reforma y Control de la Inmigración
(IRCA). Con esta ley se legalizó la contratación de trabajadoras-es temporales tanto de mano de obra descalificada como semicalificada (H2A y H2B), para labores agrícolas, de empacadoras de carne y otras.
Actualmente, los gobiernos de México y otros países latinoamericanos y del Caribe se mantienen a la expectativa de que en el Congreso estadounidense se apruebe una reforma migratoria, mediante la cual se puedan negociar diversos programas de trabajadoras y trabajadores temporales. Estos programas, aunque contienen provisiones que supuestamente garantizan algunos derechos de
las y los trabajadores, en la realidad no funcionan pues dichas provisiones son frecuentemente violadas. Y aún no existen otras provisiones que garanticen el derecho de organización de las y los trabajadores. Esto contrasta con los sindicatos agrícolas españoles en cuyas manos se dejan los programas para que supervisen los derechos de las y los trabajadores. Comisiones Obreras y de la Central General de Trabajadores, apoyan la contratación de origen, bajo el argumento de que con ello las y los trabajadores migrantes irregulares dejan
de correr los riesgos de la entrada sin papeles a su destino, o de los traficantes de personas.
La criminalización de las y los trabajadores migrantes mediante leyes o normativas está creando una mayor vulnerabilidad de aquellas-os en situación irregular las y los cuales, además de tener que aceptar trabajos pesados, sucios, peligrosos y con bajos salarios; tienen que soportar la discriminación, el hostigamiento
y el rechazo de diversos sectores sociales de los países de recepción. Frente a esta situación, las y los propios migrantes han venido organizándose y movilizándose en contra de su criminalización y en defensa de sus derechos plenos. Las grandes marchas que llenaron las calles de decenas de ciudades estadounidenses con
cinco millones de inmigrantes entre marzo y el 1 de mayo de 2006 han sido las manifestaciones más grandes de la historia social y laboral de Estados Unidos. En diversos países de la Unión Europea, las y los inmigrantes o sus hijas e hijos han manifestado su descontento de muchas formas y han comenzado a organizarse. Y frente a la Directiva de Retorno respondieron con rechazo y movilizaciones, lo mismo que muchas y muchos trabajadores migrantes residentes en países de América Latina, organizadas-os a través de redes y diversos tipos de asociaciones. El Presidente de Bolivia, Envió una carta al Parlamento de la UE manifestando su
rechazo.
Muchas de estas organizaciones y asociaciones de migrantes han hecho del Foro Social Mundial de las Migraciones, derivado del Foro Social Mundial, un espacio de reflexión, organización y denuncia de las violaciones a sus derechos, demandando respuestas de sus países y de los países receptores. Otro importante
espacio es el Foro Global sobre la Migración y el Desarrollo, que conjunta además a una gran cantidad de organizaciones de migrantes asiáticas-os en su lucha contra las políticas de los gobiernos que promueven el desarrollo sobre las espaldas de los propios migrantes. Alternativas, lucha y demanda de los y las migrantes por Ciudadanía Universal y un mundo sin muros Frente a esta situación, la Alianza Social Continental, el Grito de los Excluidos y otras organizaciones
levantan la bandera de la Ciudadanía Universal y de una integración de los pueblos asentada sobre nuevos principios de solidaridad, complementariedad, respeto a la dignidad humana y responsabilidad con la naturaleza, entre otros.
Definimos la Ciudadanía Universal que reconoce a todo ser humano (y grupo de humanos) en función de su humanidad misma y no de su origen nacional, el ser titular/es de derechos económicos, sociales, políticos y culturales, con respeto a la diversidad, ahí donde estén. La Ciudadanía Universal comprende:
Acceso y pleno disfrute de los derechos humanos y políticos consagrados por los derechos internacionales y nacionales sobre estas materias, incluso el derecho al voto. Es imprescindible que todos los gobiernos firmen, ratifiquen y pongan en práctica la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos
de los Trabajadores Inmigrantes y de sus Familias.
No criminalización de las personas migrantes por la situación administrativa en la que se encuentren, pues no hay ser humano ilegal.
Libre circulación de las personas migrantes en nuestra región, así como en Estados Unidos y Europa (los principales destinos de las y los migrantes latinoamericanos).
Regularización General, pues para poder llegar a una verdadera integración de los pueblos es necesario que todas las personas tengan aseguradas las mismas condiciones de acceso a una vida digna.
Desde esta perspectiva condenamos la “Directiva de Retorno”, la “Tolerancia Cero” y los “Muros de la Vergüenza” que La Unión Europea y Estados Unidos erigen como muros visibles e invisibles a la dignificación de las personas migrantes. La Ciudadanía Universal es una urgencia actual en el mundo en el que se desenvuelven las migraciones en el mundo entero, pues la dignificación de las personas no puede esperar más y debemos seguir la lucha por la misma con más compromiso, cuando los gobiernos de las grandes potencias y de muchos otros países imponen legislaciones punitivas, persecutorias y racistas en contra de las personas que salen de sus países buscando la forma de sobrevivir, dentro de un sistema económico y social que las obligó a dejar sus países y que, al llegar a otro las castiga como si las personas fuesen responsables o culpables de haber tenido que
emigrar. Que la migración sea una elección libre de las personas y no una imposición, una opción forzosa.
Que la crisis la paguen los que la causaron: OMC, FMI, Banco Mundial y las empresas especuladoras y bancos. No podemos sacar recursos de la sociedad para salvarlos.
La solución no es consumir más pues el planeta no aguanta más, la solución es repartir, distribuir de forma justa y equitativa según las necesidades humanas en todo el orbe.
Necesitamos un cambio de modelo económico, ya que este de cuño neoliberal ha demostrado no servir más, y que nunca sirvió para la humanidad en general.
Grito de los Excluidos/as Continetal - Alianza Social Continental
18 de deciembre de 2008, día internacional de los inmigrantes

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